SANTO DOMINGO, República
Dominicana (AP).- La brasileña Odebrecht, envuelta en uno de los mayores
escándalos de corrupción en la historia reciente, encontró en República
Dominicana un lugar propicio. Tanto, que la empresa trasladó su oficina de
gestión de sobornos a la nación caribeña, donde funcionarios locales se
beneficiaron con casi 100 millones de dólares.
Sin embargo, cinco meses después
de que fue revelado el esquema de sobornos, nadie en el país caribeño ha sido
castigado, ni siquiera identificado, como beneficiario de las millonarias
coimas, lo cual ha generado indignación tanto en grupos civiles como políticos.
Los críticos esperan que al menos
el silencio termine el viernes, cuando se espera que la compañía entregue a la
Procuraduría los nombres de los beneficiarios como parte de un acuerdo mediante
el cual el gobierno renuncia a procesar a los ejecutivos de la compañía y le
permite continuar sus operaciones en el país.
De acuerdo con documentos
difundidos por el Departamento de Justicia estadounidense, ejecutivos de
Odebrecht confesaron haber pagado unos 788 millones de dólares a funcionarios
de 10 países de América Latina y dos de África para conseguir contratos
millonarios con los gobiernos.
En República Dominicana, a partir
de 2001, Odebrecht distribuyó 92 millones de dólares en sobornos para obtener
17 contratos de construcción de carreteras, presas y una termoeléctrica. Uno de
los principales implicados trabajó como asesor del presidente Danilo Medina en
sus dos campañas electorales.
Cuando comenzó a sentirse acosada
por la investigación judicial que inició Brasil tras descubrir los millonarios
sobornos, Odebrecht trasladó a República Dominicana en octubre de 2014 el
llamado Departamento de Operaciones Estructuradas, que en realidad era la
oficina de gestión de las coimas.
La razón de ese traslado fue
?seguridad, principalmente seguridad empresarial? argumentó Hilberto
Mascarenhas Alves da Silva, director de ese despacho, según su declaración ante
el Tribunal Superior de Justicia de Brasil.
El procurador general Jean Alain
Rodríguez, miembro del comité central del partido gobernante, suscribió en
enero un acuerdo con ejecutivos de Odebrecht mediante el cual la compañía podrá
continuar sus operaciones en el país y sus ejecutivos no serán acusados
judicialmente, a cambio de información que permita procesar a funcionarios
locales y una multa de 184 millones de dólares que serán pagados en un periodo
de ocho años. Es el primer acuerdo de ese tipo que la compañía logra suscribir
con un gobierno fuera de Brasil.
Se trata de un ?acuerdo de impunidad? consideró Manuel Robles, miembro del grupo civil Marcha Verde, creado en medio
de las protestas callejeras en demanda de una investigación independiente de
los sobornos y castigos a los implicados.
El procurador Rodríguez aseguró
que la lista de sobornados será entregada por Odebrecht el 19 de mayo, aunque
los activistas de la Marcha Verde y otros grupos desconfían que se conozcan a
todos los implicados.
?Para Odebrecht, República
Dominicana no fue un país cualquiera?, comentó Robles. ?El pueblo dominicano ha
sido vilmente afectado por una empresa mafiosa en complicidad con políticos,
con funcionarios ladrones?
Desde que comenzó a operar en
República Dominicana en 2001, Odebrecht suscribió 17 contratos por un monto
total de unos 5.000 millones de dólares, cerca del 7% del PIB local en un país
donde la gran mayoría gana menos de 200 dólares al mes.
?Aquí hay ruta del dinero, debe
haber registros, debe haber información?, consideró Rosalía Sosa, directora del
grupo civil Participación Ciudadana, que reclama una investigación más profunda
por parte de la Procuraduría.
De los 17 contratos, 15 fueron
suscritos en las cuatro administraciones consecutivas del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD), del que forma parte el presidente Danilo Medina y
que es encabezado por el exmandatario Leonel Fernández.
La popularidad del PLD se debe en
parte a que el país ha tenido el mayor crecimiento económico de América Latina
durante la última década y a sus extensos programas de asistencia social.
Fernández se ha abstenido de
hablar sobre los sobornos, sin embargo, Medina defendió en febrero el acuerdo
que impide procesar a los ejecutivos de Odebrecht.
Entre los contratos de Odebrecht
se encuentra la obra insignia del gobierno de Medina: una planta termoeléctrica
de carbón que con una inversión de unos 2.000 millones de dólares generará 720
megavatios.
La termoeléctrica de Punta Catalina,
60 kilómetros al oeste de Santo Domingo, fue licitada en 2013 en medio críticas
de grupos ecologistas y cuestionamientos de la sociedad civil y partidos de
oposición que aseguraron que la obra fue sobrevaluada en al menos 600 millones
de dólares. Odebrecht ganó la licitación, pese a que presentó la oferta más
cara y más de 500 millones de dólares por encima del límite que había
establecido el Congreso.
Ante la presión de la sociedad
civil, Medina creó en enero una comisión para investigar la licitación.
?Tengo absoluta certeza de que el
comité de licitación y los equipos técnicos hicieron un proceso transparente;
realizaron una asignación justa al que ganó, al que hizo la mejor oferta?,
aseguró Rubén Bichara, director del organismo rector del sector eléctrico.
La planta está prevista que
comience a funcionar este año.
Otros de los aspectos que los
grupos civiles exigen investigar es la vinculación de Medina con el mercadólogo
Joao Santana, una de las figuras claves en el esquema de sobornos.
Santana fue estratega de la
campaña electoral de Medina en 2012 y trabajaba en el proyecto reelecionista
del mandatario cuando se ordenó su arresto en Brasil en 2016. También fue
estratega electoral de los ex presidentes Luiz Inácio Lula Da Silva, Dilma
Roussef, en Brasil; Hugo Chávez y Nicolás Maduro, en Venezuela, y Mauricio
Funes, en El Salvador.
Ramón Peralta, ministro de la
Presidencia, aseguró en abril que cuando las investigaciones concluyan quedará
demostrado que las campañas electorales de Medina no recibieron dinero de la
empresa brasileña.
?Nosotros financiamos nuestra
propia campaña y a Joao Santana lo pagamos nosotros?, insistió Medina en marzo.
Mientras en República Dominicana
no se conocen los nombres de ninguno de los implicados en los sobornos, en Brasil,
Colombia, Panamá y Perú las investigaciones han generado cientos de
acusaciones, incluidas contra expresidentes.
La Procuraduría peruana investiga
a tres expresidentes, ha enviado a prisión a cinco funcionarios y emitió orden
de arresto contra el exmandatario Alejandro Toledo, hoy prófugo, por
presuntamente recibir unos 20 millones de dólares. Según las autoridades
judiciales, otros 100 funcionarios podrían ser procesados.
En Venezuela, donde Odebrecht
distribuyó 98 millones de dólares en sobornos, las autoridades congelaron los
bienes de la empresa, allanaron sus oficinas en Caracas y pidieron información
sobre las transacciones a los gobiernos de Brasil y Suiza.
Aunque algunos testigos han
implicado ante las autoridades de Brasil al presidente venezolano Nicolás
Maduro, ni el mandatario ni el gobierno han comentado de forma pública sobre
esos testimonios.
En Ecuador, donde la compañía
pagó unos 33,5 millones de dólares en sobornos, el gobierno detuvo a un
empresario y a un ex ministro de electricidad vinculados a los sobornos, y
comenzó a revisar los 30 contratos suscritos con Odebrecht desde 1990. Debido
al escándalo, la compañía no puede operar en ese país.
